Por: Sergio Barón
Desde la abrupta interrupción de actividades de la revista Arcadia a mediado de marzo, anunciada junto al despido arbitrario de sus editores jefes, hemos visto cómo el virus y la pandemia han servido de excusa para desarmar a un sector cultural ya de por sí frágil y cómo la coyuntura ha revelado ciertas lecturas arcaicas de lo que el arte y la cultura deberían ser en medio de la crisis. El Grupo Semana, que desde que fue adquirido hace un año por Jaime Galinski —banquero puro— ha experimentado un viraje en sus políticas editoriales para favorecer las ganancias y hacerle el cuarto al gobierno nacional, se escudó asegurando que la decisión se debió a la crisis económica producida por la pandemia. Sin embargo, a través de declaraciones de quienes hicieron parte de la revista en los últimos años, se sabe que las tensiones en la publicación también se referían a desencuentros en la producción de sus contenidos y su rol en la opinión pública. No está demás decir que la revista Arcadia se mostró siempre escéptica de la economía naranja o que desde el inicio expresó las preocupaciones del sector por el cambio de dirección en el Centro Nacional de Memoria Histórica, por ejemplo. No es la primera vez que un medio cultural de carácter impreso es descabezado de esta forma en Colombia, pero en medio de la crisis actual este caso nos permite detonar un análisis de las falencias de una política pública de cultura que ha revelado sus intereses económicos, su comprensión del arte como un producto de consumo y su desdén por el pensamiento crítico.
Pocos días después del anuncio del desmantelamiento de Arcadia, el gobierno nacional lanzó un paquete de medidas de emergencia para ayudar al sector cultural. 120.000 millones de pesos —una parte de ellos distribuidos por los entes regionales— para garantizar, entre otros, la seguridad social de artistas y gestores culturales de la tercera edad o la ampliación de plazos de pago de parafiscales para eventos culturales. Además, han anunciado que se abrirán líneas de crédito a los empresarios que necesiten pagar sus nóminas. Sin embargo, algunas de las ayudas promocionadas para solventar la crisis, como lo son los Beneficio Económicos Periódicos (BEP), son recursos que ya existían para pagar la seguridad social de los profesionales pertenecientes a la tercera edad. Por otro lado, no queda claro cómo van a distribuir esos recursos los entes regionales (alcaldes y gobernadores) pues nada garantiza que sean invertidos en el sector cultural. Además, de qué sirve ampliar el pago de parafiscales a eventos públicos si estos ni siquiera se pueden realizar debido a las medidas de prevención para contener el virus. Finalmente, pedir un crédito a las entidades financieras en este momento no es más que una forma de distribuir la crisis a largo plazo haciéndole el favor a los bancos.
Pero el gobierno, que se jacta de ser progresista en materia de cultura con su discurso de la economía naranja, ha puesto en evidencia su poco interés por el sector con un último decreto, el 516 del 4 de abril de 2020. Este modifica la ley 12 de 1995 que estipula un mínimo de cuotas de pantalla para la producción nacional en los canales de televisión. De tal manera, el mínimo de 70% de contenidos nacionales que los canales de televisión debían cumplir para programar en sus parrillas pasa a ser de solo 20%. Una decisión arbitraria que desconoce las dinámicas del sector audiovisual en Colombia. Si bien es cierto que las producciones están detenidas en este momento, no se puede asumir que no hay suficientes contenidos nacionales para llenar las parrillas de programación. La reducción de la cuota de pantalla elimina una fuente de ingresos con la que muchos realizadores podrían contar en una crisis donde es imposible trabajar y producir nuevos contenidos.
El decreto en cuestión llegó a agudizar la crisis del sector audiovisual, que hace algunas semanas veía cómo se suspendían las convocatorias del Fondo de Desarrollo Cinematográfico, principal fuente de recursos para una gran parte de la producción cinematográfica del país y que se financia gracias a los ingresos en taquilla. En un comunicado, Proimágenes Colombia (entidad encargada de administrar el fondo) hizo saber que se están evaluando nuevas formas para apoyar el cine nacional. Mientras esto ocurría, estábamos atentos a la reunión del concejo nacional de cinematografía de la que se esperaba una respuesta certera sobre el futuro del fondo. Hace unos días se hizo saber que el fondo continúa, solo que herido. Se redujo el capital de inversión en más del 50% por lo que los proyectos premiados este año serán menos de la mitad de lo acostumbrado.
Frente a esto, habían sido varias las respuestas encontradas. Algunos defendían la permanencia de los estímulos del FDC para garantizar el futuro de la producción cinematográfica, mientras que otros defendían la decisión de suspender las convocatorias, argumentando que era una decisión responsable o que este era el momento de “compartir y no de competir” (son algunos de los comentarios que hemos leído en redes). Por nuestra parte, creemos que hubiera sido lamentable la cancelación del fondo este año pues implicaba negar un apoyo económico que es más que necesario en este momento, pero también porque podría sentar un precedente perjudicial para la insipiente industria audiovisual. Y es que si continuaba la producción cinematográfica sin los apoyos del FDC, quedábamos a la merced de una clase política negligente que podría entender al fondo como una fuente de recursos dispensable. Esa previsión pesimista podría verse refutada por la capacidad administrativa de Proimágenes, que en el pasado ha sabido velar por la producción cinematográfica en Colombia, pero la suspensión definitiva del fondo hubiera dado a entender que los paquetes de estímulos, que son lanzados sagradamente cada año en el FICCI, abren convocatoria sin contar aún con los recursos económicos que se prometen. Sin embargo, llama la atención que en los comunicados oficiales han hecho todo lo posible para no hacer uso de palabras como «reducción» o «recortes». Una forma de maquillar un fuerte golpe que genera dudas sobre la naturaleza de los recursos que se habían prometido y que finalmente que no se invertirán este año.
Más allá de esto, vale la pena cuestionarnos sobre los argumentos de quienes apoyaban la suspensión del fondo. Por ejemplo, ¿a qué tipo de responsabilidad se refieren los que defendían la suspensión? ¿Consideran que estos recursos deberían invertirse en materias más urgentes para detener el avance del virus? ¿Deberían otorgarse a los profesionales del medio que son más vulnerables? Efectivamente, el fondo destinará parte de los recursos como estímulos de emergencia a los que ellos consideran los más afectados por la crisis, las salas y los exhibidores. Pero hacer uso de los recursos para financiar otros aspectos de la crisis, como sugirieron algunos y conociendo las precarias condiciones del sector cinematográfico, resultaba por lo menos injusto para quienes nos dedicamos a esto a cambio de muy poco. Además, no había las garantías mínimas para que algo así ocurriera bajo este gobierno que ha aprovechado la crisis para favorecer a los bancos inyectándoles capital que un principio estaba destinado a los entes regionales. Una acción que ya levanta sospechas y que ha devenido en una sesión del control en el congreso en la que los bancos deberán explicar cómo están invirtiendo los recursos y dirimir las denuncias en su contra. Denuncias que también se le hacen a los políticos regionales y que pondrían en evidencia la malversación de los recursos públicos destinados a apoyar a la población para favorecer intereses particulares.
Por otro lado, algunos parecían estar a favor de eliminar el sistema competitivo del fondo por razones “humanitarias”. Compartir y no competir parece una consigan sensata, pero entroniza una forma de solidaridad contraproducente que ha surgido en estos días. Muchos de nosotros hemos querido compartir nuestras producciones para amenizar el confinamiento y entretener a la gente, pero detrás de esa solidaridad se esconde una cultura del trabajo gratis que atraviesa al sector audiovisual. Esta es la oportunidad perfecta para pensar nuevos mecanismos de distribución de contenidos, para romper la verticalidad con la que solemos consumir cine o para generar espacios de encuentro alternativos más allá de simplemente “compartir” cosas en Facebook. Deberíamos enfocar la discusión hacia nuevas plataformas de distribución, repensar el rol de la piratería en el sistema o proponer formas de economía solidaria como las que se han visto en el gremio de los libreros con la iniciativa “Apoyo mutuo”, la cual busca darle visibilidad a las pequeñas librerías y sellos editoriales. Es además, la oportunidad para que el sector reflexione sobre el mecanismo de operación del fondo y su forma de captar recursos. De acá en adelante, las plataformas digitales de distribución también deberían contribuir al fondo pues son estas las que más recursos están generando cumpliendo un rol que las salas han perdido.
También debería discutirse sobre el carácter competitivo del fondo pero no desde la postura simplista de denunciar la competencia salvaje, sino al poner en tensión sistemas de producción que el fondo prioriza desconociendo el hacer de muchos realizadores que, como nosotros, no se identifican con la clásica división de pre, pro y post, o que no requieren de un guion o un gran equipo de realización para hacer sus obras. En suma, discutir sobre los métodos de producción clásicos que el fondo premia. De lo contrario, si no ejecutamos esta discusión a fondo, lo único que podremos compartir es el hambre o la cuota del arriendo, si es que la solidaridad nos alcanza.


